Aldeas
Infantiles SOS Republica Dominicana, organización que trabaja por los derechos
de la niñez, especialmente por el derecho de estos a vivir en familia, llamó la
atención del Estado, la familia y la sociedad en sentido general, debido al
vertiginoso auge de los abusos sexuales y homicidios contra menores de edad que
actualmente experimenta el país, a lo que atribuyeron descuido de parte de los
actores responsables de protegerles y garantizar sus derechos.

Mostraron
preocupación por el más reciente caso ocurrido en el país, en el cual la niña
de nueve años de nombre Liz Marie fue abusada sexualmente y posteriormente
asesinada en el sector La Isabelita de Santo Domingo Este por un vecino de la
comunidad, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado con el paradero
del cuerpo sin vida, al tiempo que deploraron que este fenómeno se encuentre en
aumento en los últimos años.

Expresaron
que, de lo que se trata es de la modalidad más siniestra de violencia contra la
niñez, que combina la comisión de violación y abuso sexual de manera
sistemática, concluyendo con el arrebato de la vida de niños y niñas por parte
de abusadores que, en la mayoría de los casos son familiares y personas
cercanas. 

Manifestaron
que la sociedad dominicana se encuentra frente a un fenómeno que viene cobrando
fuerza en las familias, las comunidades y los entornos primarios de los niños y
las niñas, sin que los actores legalmente obligados con la protección de la
niñez jueguen el rol que la Constitución y las leyes le reservan en la
protección integral de la infancia. Al mismo tiempo, recordaron que, según los
últimos datos disponibles 8 de cada 10 casos de abusos sexuales son cometidos
contra menores de edad, al igual que el 19% de los casos de abuso sexual
estudiados por el Instituto de Sexualidad Humana de UASD en el 2014 eran
incesto.

“El caso Liz Marie desnuda la
triste realidad que vive la niñez dominicana, en la cual tanto el Estado y la
familia como las comunidades asumen una actitud pasiva frente al abuso sexual,
pero cuando se produce la muerte, reaccionan con indignación, obviando el hecho
fundamental que ha originado la pérdida, que es el abuso sexual. Si contáramos
con entornos protectores y si aplicáramos mecanismos preventivos,
probablemente, hoy no estuviéramos llorando de manera indignada esa y otras
muertes”. Expresó la organización.

Recordaron
que, tanto el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, como el
artículo 56 de la Constitución de la República prevén la obligación del Estado,
la familia y la sociedad en hacer primar el interés superior del niño, así como
de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo integral y el
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, por lo que, entienden que en
este y otros casos similares dichos actores no han cumplido con su rol.

“Este caso debe llamarnos a una
profunda reflexión como Estado y como sociedad. No es posible que este tipo de
situaciones
ocurran en
las comunidades sin la debida vigilancia de las instituciones del sistema de
protección y sin que las familias y los comunitarios lo denuncien”.
Adujo Aldeas Infantiles SOS.

Apuntaron
que, para poder cumplir con la referida disposición constitucional, el niño y
la niña deben contar con un entorno protector, en el cual el Estado promueva de
manera masiva la prevención de la violencia contra la niñez, cree mecanismos de
vigilancia en las comunidades y aplique el sistema de consecuencias establecido
en la Ley Núm. 136-03; las familias cuiden y protejan a los menores de edad; y,
los miembros de la comunidad denuncien cualquier abuso o amenaza de la que
tengan conocimiento.

Aldeas
Infantiles SOS hizo estos planteamientos por medio de un posicionamiento
enviado a este medio de comunicación.